El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado martes 4 de junio en primera lectura el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, entre otras medidas.

El anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores en los entornos digitales incluye, entre otras cosas, una serie de modificaciones en el Código Penal con el fin de adaptar las conocidas como órdenes de alejamiento para adaptarlas al actual paradigma tecnológico y crear lo que se podría definir como 'órdenes de alejamiento virtual', especialmente en entornos de plataformas virtuales y redes sociales.

Los cambios en la normativa penal también pretenden crear instrumentos jurídicos para combatir el fenómeno de la difusión de imágenes falsas, un asunto que generó mucha polémica después de casos como el de Almendralejo, en septiembre del 2023 o el de Utebo, en Zaragoza en febrero del 2024, donde se utilizaron herramientas basadas en inteligencia artificial para crear imágenes de corte sexual de chicas menores de edad, que fueron distribuidas por diferentes grupos de WhatsApp.

La ley de protección digital recoge penas de cárcel de hasta dos años para los que creen este tipo de documentos falsos (visuales o de audio) con corte sexual o vejatorio y recoge el agravante de su distribución por internet o redes sociales, plataformas que pueden multiplicar la audiencia de este tipo de deepfakes.

La norma incluye también la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido.